Jubilaciones del Poder Judicial, los efectos reales de un cambio

EFECTOS POLÍTICOS, AHORRO, DESFINANCIAMIENTO, MAYOR GASTO, PEORES JUECES, MÁS JUICIOS.


El Señor presidente de la Nación ha anunciado por Twitter que eliminaría las “jubilaciones de privilegio” y se fijó para febrero el tratamiento en el Congreso el tratamiento de proyectos que todavía no han sido escritos pero que modificarían la forma de jubilarse de los Jueces.


Ahora, si el proyecto efectivamente fuera eliminar el régimen especial, el primer efecto que tendría esa Ley es que se jubilarían inmediatamente la mitad de los jueces en funciones. Nos quedaríamos sin muchos Jueces con experiencia, y el gobierno -que tiene mayoría absoluta en el Senado- podría cubrir los puestos vacantes. No puede ser esa la intención política del proyecto.


Todos los Jueces que cumplan con los requisitos para jubilarse al día anterior a una eventual Ley de derogación tienen un derecho adquirido. El régimen actual permite que los funcionarios se jubilen a los 60 años, pero es absolutamente excepcional que se retiren a temprana edad, todos recordamos los fallos por los numerosos magistrados que obtuvieron sentencias para continuar en su cargo después de alcanzar la edad de 75 años que establece la Constitución Nacional en 1994, recién hace dos años la Corte Suprema convalidó el límite.


El segundo efecto sería el inmediato desfinanciamiento del sistema, ya que aumentaría la cantidad de jubilados y los Jueces que sigan activos dejarían de hacer el aporte especial que hacen hoy. El régimen exige que tengan un porcentaje de aporte más alto que el régimen común y sin límite (son también superiores las contribuciones patronales). Aportan más y por todo el salario.


En este supuesto escenario se pasarían a pagar más jubilaciones, se deberían nombrar funcionarios para cubrir puestos y dejarían de ingresar a la ANSeS los aportes extraordinarios. Tampoco el desfinanciamiento puede ser el fin de ninguna norma racional.


Al mismo tiempo se iniciarían cientos de juicios, no sólo por la pérdida de derechos previsionales, sino porque todos los funcionarios habrían hecho aportes por años sin contraprestación alguna, lo que constituiría un verdadero “impuesto al trabajo”. Todo Juez de Cámara aporta al menos $20.000 mensuales en exceso del régimen común, el reclamo por 10 años de aportes “hechos en exceso” resultan en 2,6 millones de pesos más intereses. No es en este caso que haya antecedentes como para asegurar el resultado, pero claramente resulta un reclamo razonable.


Me atrevo en este momento a hacer una breve nota técnica: las jubilaciones de los Jueces no representan un régimen de privilegio, los regímenes de privilegio han sido todos eliminados salvo el del presidente de la Nación y los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los funcionarios del Poder Judicial tienen un régimen especial, no de privilegio.


La cuestión no es meramente semántica: las jubilaciones de privilegio derogadas permitían jubilarse 20 años antes que el régimen general y con sólo un par de años de aporte en un cargo político. Para muestra basta un botón un expresidente ocupó el sillón de Rivadavia por una semana y cobra una jubilación de privilegio, a pesar de cobrar sueldo como Senador.


A los Jueces se les exige 30 años de aporte, 20 al menos dentro del régimen especial y en la mayoría de los casos llegan a jubilarse con 45 años de aporte y 15 años más de la edad mínima establecida.


Digamos -solo para comparar tener un punto de comparación- que los docentes se jubilan con 25 años de aporte, tienen el mismo esquema de antigüedad para el cálculo del salario, y cobran la misma proporción del salario. También se jubilan a una edad menor. Es decir que el régimen de los docentes es aún más beneficioso, claro que los salarios son menores. Aclaremos lo evidente, también creo que los docentes deberían cobrar mejor.


Tratar a los regímenes diferenciales como privilegiad no es una postura nueva, Diego Bossio sostuvo en 2011 ante el Congreso que había tres regímenes de privilegio los Jueces, los Docentes y los jubilados que hicieron juicio a la ANSeS.


Otro tema que vale aclarar es que los beneficios ya otorgados son inamovibles, eso no ha estado en discusión por ningún proyecto serio, un intento así no sobreviviría el más mínimo control jurisdiccional.


EL PROBLEMA DEL FINANCIAMIENTO: Sin temor a apresurarme me adelanto a un dato que seguramente a exponerse como justificativo de la necesidad de reformar el régimen, es la relación entre los activos y los pasivos. La ANSeS puede determinar la cantidad de aportantes a la Ley 24.018 y comparar esos ingresos con los egresos por prestaciones, pero resulta un guarismo falaz. Es incorrecto sólo contar como activos a los aportantes al régimen especial.


Los empleados del Poder Judicial con cargos más bajos no aportan al régimen especial, sólo los funcionarios con responsabilidad. Pero aportan. Sí, es una obviedad. Los funcionarios tienen una carrera de al menos 12 años (siempre ha habido y habrá funcionarios que “salten” ascensos, pero no es justo generalizarlo). Muchos funcionarios terminan sus carreras con 47 años de trabajo en el poder judicial con sólo 25 en el régimen diferencial.


Durante esos años en el régimen general aportan menos, como cualquier empleado en relación de dependencia. Es evidente que esos aportes deben ser considerados para analizar el equilibrio del sistema.


De hecho, el Régimen de Jubilaciones funcionarios del Poder Judicial está prácticamente equilibrado si no consideramos las asignaciones mensuales vitalicias de los Ministros de la Corte y los Presidentes.


En lo personal, como abogado (y autónomo que luego de 35 años de aporte solo cobraré la jubilación mínima) no quiero que quienes decidan en los expedientes judiciales tengan otra preocupación que decidir ajustados a derecho los expedientes que se les encomienda.


En esos trámites muchos argentinos luchan por sumas significativas de dinero, la tutela de sus hijos, la libertad personal, el medio ambiente y el control de los otros poderes.


En mi opinión que los jueces vean retaceada su jubilación solo traería una peor Administración de Justicia.


EXIGIRLES DE MANERA ACORDE. Es hora de que en vez de quitar “beneficios” subamos las expectativas y las exigencias. Que sea el Consejo de la Magistratura un órgano responsable, que no haya un 35% de los juzgados con Jueces subrogantes, sin cubrir los cargos necesarios para una razonable administración de justicia, sin concursos al día, que los concursos sean abiertos y absolutamente transparentes.


Que los juicios no demoren años, nuestros Legisladores deberían trabajar más para hacer procedimientos eficaces. La lista de los problemas de nuestro poder Judicial sigue y es larga.


La muy mal llamada Ley de Solidaridad Social no puede sostenerse en el tiempo, no podemos vivir en eterno estado de emergencia. Sí creo que también los docentes jubilados, los jueces jubilados, todos los jubilados o ninguno deberían ser iguales frente al problema financiero del Estado Nacional.


Los cargos políticos de la Administración pública también, intendentes de la provincia de Bs. As. Después de sancionada esta Ley subieron de su sueldo $ 554 mil a $ 658 mil.


Sería muy apropiado que los Diputados comiencen el debate sancionando primero una Ley en donde acepten los aumentos a los jubilados como incrementos de sus dietas y bajar los costos del Congreso en forma significativa.


Nada justifica la enorme brecha entre los haberes más bajos y los más altos, quisiera escuchar cómo vamos a hacer para subir mucho los haberes bajos y bastante los medios altos.